Articulos de NNovik
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El sistema judicial chileno, con justa razón, junto a los políticos, son los peores evaluados por la opinión pública chilena.En el diario “El Mercurio” de Santiago, 15 de abril de 2009, aparece la siguiente información:“El principal sospechoso del homicidio de María José Esquivel, la adolescente que recibió un disparo en un bus del Transantiago, tiene un prontuario de siete condenas por delitos de robo y lesiones, y en seis de ellas recibió el beneficio de pena remitida o reclusión nocturna.
Se trata de Miguel Ángel Rojas Urrutia (32), alias "El Miguelito", quien es intensamente buscado por un grupo especializado de la Brigada de Homicidios en la Región Metropolitana y en el litoral central.”                        Se trata de un caso más que ilustra una actitud permanente de parte del sistema judicial actual. Todos reclaman, nadie hace nada. Cierto que el actual sistema es mejor que el que imperaba hace años atrás, ya que a lo menos conocemos lo que ocurre y hay más transparencia. Pero debe ser perfeccionado con urgencia. La situación actual lleva a que todos los ciudadanos tengamos la sensación de que el sistema judicial ampara al delincuente en detrimento del ciudadano común. En otras palabras, se respeta el derecho a delinquir en detrimento del derecho humano del ciudadano a vivir en un ambiente que no amenace su seguridad.Surgen varias preguntas:

            ¿Cómo es posible que se mantenga incólume el sistema de “puerta giratoria” que señalaba nuestro ex presidente Ricardo Lagos? ¿Cómo es posible que a pesar de las malas evaluaciones públicas el poder judicial mantenga estas prácticas?; ¿Cómo es posible que a pesar de que es “vox populi” este sentimiento de indefensión ciudadana no se genere algún cambio en la costumbre de dejar sueltos a delincuentes reincidentes que son un claro peligro social? ¿No se puede identificar a esos jueces y removerlos de sus cargos?

            Los jueces tienen la atribución de no conceder “penas remitidas” a criminales peligrosos para la sociedad. ¿Están amenazados por los delincuentes y tienen miedo?

¿Por qué en definitiva nadie se pronuncia al respecto?

Entre los temas que no se desea revisar y discutir públicamente está el de la pena de muerte para aquellos casos comprobados de imposibilidad de rehabilitación  del delincuente, siendo este un peligro permanente para la sociedad. En este tipo de temas, en lugar de defender determinados dogmas, debemos abrir nuestra mente a un debate ciudadano de buen nivel. Y si fuese posible, después de un tiempo prudente de discusión e información,  solicitar la posibilidad de manifestación ciudadana a través de algún plebiscito, para lo cual se requerirá  modificar la actual Constitución Política del país, que no admite plebiscitos, salvo a nivel de municipalidades y dentro de ciertos límites.

            ¿Porqué no se revisa la posibilidad de poner cárceles en lugares aislados, islas por ejemplo, de manera de que los delincuentes deban hacer algún trabajo útil de auto sustento y  aliviar el costo social que significa mantenerlos, además de tener la esperanza de rehabilitarse socialmente?. Y surgen muchas preguntas más respecto a esta importante temática.

¿Quién responde a estas preguntas?